gaz_1044c5f1cce24e3ba49d3d6c53df6748.jpg

En los últimos años, debido a un notable crecimiento en la economía de Bolivia (sean cuales fueren los motivos y los responsables del mismo, que es un tema muy aparte al de la presente nota de opinión), se comenzaron a ver muchos vehículos modernos de lujo en sus calles.

Vehículos que hace una década nos llamaban atención y nos dejaban boquiabiertos hoy en día son vistos a diario rondando las calles de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras ciudades; y esto lo puede afirmar casi cualquier ciudadano con un poco de interés en el tema.

Sin embargo, el presente artículo no trata de este fenómeno, sino más bien, de su antítesis: la alarmante cantidad de vehículos antiguos y en mal estado que circulan por las calles de nuestro país.

Las causas fundamentales son la pobre economía tercermundista boliviana, la restricción legal en la importación de vehículos con cierta antigüedad (la máxima permitida es de uno o dos años) y los elevados impuestos a la importación de vehículos nuevos. En cuanto a la economía, es muy difícil para gran parte de la clase media (casi imposible para las clases media-baja y baja) comprar vehículos nuevos, lo que les obliga a recurrir a vehículos de segunda mano.

Entonces surge una gran demanda por estos vehículos, mayor a la oferta existente en el país. Esta gran demanda más las restricciones a la importación ya mencionadas generaron un alza en los precios de los que están a la venta dentro del país. Cualquiera pensaría que esto incrementaría inmediatamente las ventas de vehículos nuevos, lo que efectivamente ocurrió en estos años (las empresas importadoras de vehículos tuvieron ventas récord año tras año hasta el 2016).

Sin embargo, sólo ciertos sectores de la economía pueden acceder a vehículos nuevos, ya sea a crédito o al contado, por lo que no son una opción para todos.
Esta situación se agrava al incluir en la fórmula los elevados impuestos que se deben pagar para importar vehículos nuevos, mucho mayores a los que se pagan en países vecinos.

Este tipo de políticas generalmente se utiliza para proteger la producción nacional, o de un bloque económico al que un país pertenece, asignando tasas impositivas preferenciales a productos fabricados dentro del país o del bloque. Sin embargo, en el caso de los automóviles, no se produce ninguno en Bolivia y todos los que se importan incluyen los mencionados impuestos.

Sólo basta comparar los precios de unos cuantos vehículos en Bolivia con los de Chile, Perú o Brasil para percatarse de esta realidad. Una simple reducción de los impuestos a la importación de vehículos nuevos ayudaría a que la población cuente con más y mejores opciones, modernas, ecológicas, con sistemas de seguridad actuales y a mejores precios, mejorando mucho la calidad de vida de los Bolivianos.

Y, por cierto, si bien las recaudaciones de impuestos por cada unidad importada serían menores para el país, un seguro incremento en la cantidad de unidades importadas tendría un efecto compensatorio.

Sin embargo, la mayor parte de los vehículos viejos pertenece al transporte público, ya sea en forma de micros, minibuses, trufis, taxis u otros. Y este sector se rige también bajo otro factor, que es una de las razones más importantes por las que sus dueños no buscan renovarlos: más que medios de transporte propios, representan un negocio, que en muchos casos es su única fuente de sustento.

Este hecho los desincentiva en gran medida a comprar vehículos más modernos, ya que las tarifas que ellos cobran por sus servicios no varían de acuerdo a los vehículos que conduzcan, ni a la comodidad que brinden a sus clientes. Es decir, ir al aeropuerto en un taxi con 25 años de antigüedad, o ir en uno con dos (obviamente más caro), nos cuesta exactamente lo mismo; lo mismo sucede con el transporte masivo. Entonces a los choferes no les conviene, así como al dueño de cualquier otro negocio, invertir más capital para continuar obteniendo los mismos ingresos. Es matemática simple.

Este hecho representa un peligro para muchas personas, ya que estos vehículos están en constante funcionamiento, lo que los lleva a sufrir un desgaste mucho mayor al de los particulares. La situación se agrava al tomar en cuenta que su función principal es llevar pasajero, en muchos casos varios a la vez.

Entonces, la única solución sería implementar regulaciones en cuanto al estado, el mantenimiento y la antigüedad de los vehículos de transporte público, lo que veo muy difícil en un país tan pobre y belicoso como el nuestro, donde los transportistas parecen tener más poder que el mismo gobierno.
Difícil situación.

 

Javier Nemer García es especialista en el área automotriz.


Cargando las Conversaciones